Durante el sexenio de AMLO, se señalaron a 2,533 funcionarios del SAT por delitos

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó al Ministerio Público (MP) y al Órgano Interno de Control (OIC) sobre 2,533 de sus funcionarios que incurrieron en diversos delitos y faltas administrativas. Comparado con la administración de Enrique Peña Nieto, donde se remitieron 4,392 servidores públicos al MP o al OIC, esto representa 1,859 casos menos durante el periodo de AMLO.

Sin embargo, esto no implica que el trabajo en la lucha contra los delitos dentro del SAT sea mejor o peor, según lo indicado por expertos consultados por Expansión. Es relevante mencionar que es el propio SAT el que supervisa a sus empleados y, dependiendo de la situación, remite a los servidores públicos a la autoridad o al OIC. “En los últimos 10 a 15 años, el SAT ha estado comprometido en combatir las prácticas irregulares internas. Hay que tener en cuenta que el número de funcionarios es significativamente menor que en años anteriores”, comentó Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, quien también mencionó que el periodo anterior incluyó dos años perdidos debido a la pandemia (2020 y 2021). Gabriel Pérez del Peral, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP), mencionó que “las carpetas de investigación se judicializan por razones políticas; esta judicialización ha sido utilizada como un instrumento político, lo que explica la reducción en las denuncias de funcionarios del SAT”. Entre los delitos más comunes que llevan a funcionarios a ser remitidos a la autoridad se encuentran la falsificación de documentos, fraude, uso de documentos falsos y, los más frecuentes, Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática, así como el ejercicio ilícito del servicio público, según datos de la SHCP. La situación de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática “puede indicar que se robó información, se borraron contribuyentes con adeudos o se hicieron acciones indebidas con el acceso a la base de datos del SAT, lo cual es grave”, lamentó Pérez de Acha. La notable diferencia entre el número de funcionarios enviados al OIC y a la justicia se debe a que “demostrar la falta administrativa es mucho más simple que en el ámbito penal”, aclaró Pérez de Acha. “Los funcionarios corruptos tienden a ocultar sus actos de corrupción”, añadió. Para combatir efectivamente la corrupción, uno de los factores clave es una mejor aplicación de las leyes. “Las penas son severas, lo que falta son mecanismos de indagación, procedimientos internos robustecidos y un seguimiento, así como denuncias anónimas”, precisó Pérez de Acha. “Es fundamental perfeccionar los procesos y aplicar las sanciones adecuadas”, enfatizó, al destacar que toda investigación y procedimiento debe garantizar los derechos de los acusados, comenzando por la presunción de inocencia. Otro reto implica un aspecto de gestión pública conocido como "compliance", que se relaciona con la transparencia, rendición de cuentas y la orientación de la gestión pública hacia resultados, lo cual es esencial para reducir los índices de corrupción y delitos fiscales, según Pérez del Peral. En este ámbito, el académico de la UP apuntó que es necesaria una mayor coordinación entre la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Hacienda y el SAT. La SFP supervisa toda la normatividad relacionada con el sector público y la gestión gubernamental, explicó Pérez del Peral. Asimismo, otro desafío para la autoridad fiscal radica en las aduanas, especialmente en la lucha contra la corrupción y en la capacitación del personal. “Si se va a permitir que la Marina y la Defensa supervisen las aduanas, es esencial acelerar la capacitación aduanal y preparar a los funcionarios fiscales aduanales”, argumentó Pérez del Peral.

Es fundamental que las instituciones responsables de la fiscalización y de la administración pública fortalezcan sus procesos de control interno y capacitación. Solo así se puede garantizar una gestión eficiente y transparente, lo que podría mejorar la confianza de los ciudadanos en el sistema y contribuir al desarrollo económico del país. La implementación de mecanismos de denuncia anónima y el compromiso con la transparencia son pasos cruciales para erradicar prácticas corruptas dentro del SAT y otras instituciones.