Peligros en el Horizonte Económico: Proyecciones de Hacienda para 2025-2030

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha señalado cuatro eventos potenciales que, en caso de materializarse, representarían un riesgo considerable para la economía del país en los próximos cinco años (2025-2030). Para este periodo, el gobierno federal pronostica que el crecimiento económico estará entre 2% y 3%, mientras que la inflación se mantendrá de 2% a 4%, en concordancia con los objetivos del Banco de México (Banxico). Además, se espera un déficit moderado de alrededor de 0.5%, con el precio del petróleo establecido en 60.7 dólares por barril y un crecimiento de 2% en el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos, según los Criterios Generales de Política Económica.

Entre los riesgos a corto plazo que identificó Hacienda se encuentran: - Tensiones económicas y geopolíticas que podrían romper las cadenas globales de valor y provocar una “perspectiva de menor crecimiento en el mundo”, impactando negativamente en la producción y las exportaciones de México. - Condiciones climáticas adversas tanto a nivel global como en el país, derivadas del aumento de gases de efecto invernadero, lo que resultaría en desabastecimiento de productos agrícolas y reducción en el capital disponible en el país. - Nuevas pandemias que podrían surgir, complicando el comercio internacional y el desarrollo del sector servicios, lo que afectaría la inflación y endurecería las políticas monetarias tanto a nivel local como internacional. - Deterioro fiscal en naciones con altos niveles de deuda, lo que pondría en riesgo el crecimiento económico global y generaría volatilidad en los activos financieros. Todos estos factores representarían presiones inflacionarias para México. Hacienda recalca en los Criterios Generales el impacto que estas variables podrían tener en las proyecciones macroeconómicas.

A largo plazo, el envejecimiento de la población y los desastres naturales son aspectos que merecen ser considerados. Para mitigar el impacto de estas situaciones, el gobierno cuenta con amortiguadores fiscales, como el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que a la fecha tenía 51,000 millones de pesos. Adicionalmente, se encuentran el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas y el Fondo Mexicano del Petróleo, con 13,000 millones y 24,000 millones de pesos respectivamente. También hay un esquema de coberturas petroleras que protege los ingresos del gobierno frente a caídas en los precios de los hidrocarburos, así como una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 36,000 millones de dólares y un acuerdo swap con el Tesoro de Estados Unidos por 9,000 millones de dólares. Para el 1 de noviembre de este año, las reservas internacionales alcanzaban un total de 226,000 millones de dólares, lo que otorga flexibilidad cambiaria para enfrentar choques externos. Asimismo, hay una estrategia de diversificación en la deuda pública para amortiguar posibles incrementos en el costo en el servicio de la deuda. La deuda pública de México está mayormente en moneda nacional y a tasas fijas, lo que le permite manejar de mejor manera los riesgos de tipo de cambio, tasas de interés y deuda a refinanciar. Además, se han adquirido cuatro bonos catastróficos, activos entre 2024 y 2028, por un total de 595 millones de dólares, diseñados para proteger contra pérdidas derivadas de sismos y huracanes.

Por último, Hacienda ha detectado dos riesgos de largo plazo primordiales. Aunque la población mexicana es “principalmente joven”, esto cambiará con el tiempo al presentarse un envejecimiento gradual de la población. Se estima que para el 2050, el grupo de adultos mayores representará un 24.1% de la población, mientras que niños y jóvenes representarán 12.8% y 22.3%, respectivamente. Esto conlleva un aumento en la demanda de servicios médicos y una mayor carga financiera por el incremento en el pago de pensiones, tanto contributivas como no contributivas. A corto plazo, Hacienda anticipa presiones por el pago de pensiones del sistema tradicional de reparto y ha previsto destinar 483,428 millones de pesos el próximo año a la Pensión para el Bienestar, con un costo fiscal que podría aumentar en menos de 0.5% del PIB entre 2024 y 2030. Dichas estimaciones pueden variar dependiendo del crecimiento real de pensiones, la edad mínima de jubilación, la evolución de la longevidad y posibles cambios en las políticas de pensiones. Hacienda también está equipada para estimar pérdidas y posibles daños económicos causados por desastres naturales, que se prevén entre 12,000 millones y 39,000 millones de pesos. En general, el gobierno mexicano cuenta con una serie de mecanismos fiscales para disminuir los riesgos que podrían ejercerse sobre las finanzas públicas.

En un entorno económico lleno de desafíos, es fundamental que la gestión de riesgos se integre a la política económica. La diversificación de ingresos y la planificación a largo plazo son claves para mantener la estabilidad financiera. Asimismo, invertir en infraestructura y educación puede ayudar a mitigar los impactos negativos de los riesgos identificados, asegurando un crecimiento sostenible que beneficie a todos los sectores de la población.