Compras de lujo revelan el dinero sucio ante el SAT

La reciente designación de seis cárteles mexicanos como grupos terroristas por parte de Estados Unidos, junto con la presión del presidente Donald Trump para aumentar la colaboración en temas de seguridad, intensificará los esfuerzos de entidades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ambas instituciones trabajan de la mano para identificar el dinero de origen ilícito que se materializa en la compra de propiedades como casas, autos, joyas y obras de arte en el ámbito legal. “Este nuevo escenario en Estados Unidos no necesariamente implica un cambio inmediato en las acciones fiscales del SAT. Más bien, se trata de colaborar con otras entidades y, dentro de nuestras capacidades, revisar el cumplimiento de las obligaciones de los sectores considerados de riesgo”, comentó Gari Flores, adminitrador general de Recaudación del SAT.

¿Cómo se generan las alertas al SAT y a la UIF?

Desde 2013, a raíz de recomendaciones del GAFI, que es un organismo intergubernamental encargado de establecer normas y hacer revisiones para prevenir estos delitos, México implementó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley define actividades que presentan riesgo y establece las condiciones para activar alertas al SAT. Virginia Ríos Hernández, miembro de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó: “El SAT tiene una unidad que se encarga de investigar asuntos relacionados con recursos de origen ilícito y puede realizar revisiones administrativas a las empresas o contribuyentes que se consideran en riesgo. Por ejemplo, notarios y constructoras tienen la obligación de notificar al SAT y a la UIF sobre las operaciones que realizan, llevando a cabo un 'due diligence', es decir, conociendo a sus clientes, y dicha información es analizada por nosotros”.

¿Cuáles son las actividades susceptibles?

Según el artículo 17 de la Ley, se consideran actividades susceptibles a riesgos: juegos de apuestas, emisión o venta de tarjetas de servicio, otorgamiento de créditos por entidades no financieras, construcción o desarrollo de bienes inmuebles, venta de metales y joyas, subastas de arte, venta de vehículos de toda índole y traslado de valores. Estas actividades se consideran vulnerables cuando los precios exceden ciertos montos estipulados en la Ley. Por ejemplo, una joyería que vende bienes por encima de 91,077.7 pesos (equivalentes a 805 UMAS) o una constructora cuyo inmueble supere los 907,948 pesos. Quienes se dediquen a estas actividades deben estar registrados en el RFC y reportar información sobre sus clientes y usuarios. En la compraventa de vehículos, el vendedor debe identificar al comprador con una credencial oficial si el valor del vehículo supera los 363,179.4 pesos.

Rastros del dinero en efectivo

La Ley establece montos específicos que obligan a identificar al comprador y proceder a dar aviso a las autoridades. Así, cuando la compra supera los 726,358.8 pesos, el vendedor debe notificar al SAT, quien a su vez lo comunica a la UIF, junto con la referencia del documento de identidad y las actividades del comprador. El SAT luego investiga el RFC para ver qué actividades tiene reportadas, cuánto paga de impuestos y analizar inconsistencias que podrían llevar a una investigación más profunda o sanciones penales. "Puede suceder que haya dinero proveniente de actividades ilícitas, a veces los líderes de estos grupos emplean a terceros para realizar estas compras, y se les da seguimiento para identificar la fuente del dinero”, añadió la integrante del CCPM. Ya que es complicado rastrear efectivo, la Ley impone restricciones en su uso. Por ejemplo, para la adquisición de joyas, solo se pueden realizar transacciones en efectivo de hasta 181,589.7 pesos. Para vehículos, el límite es de 363,179.4 pesos; si el precio excede esto, el cliente debe pagar la diferencia con tarjeta, cheque, o transferencia, y el vendedor está obligado a notificar al SAT.

En un entorno donde el control y la regulación sobre el flujo de dinero se intensifica, es esencial que tanto los consumidores como los empresarios mantengan un enfoque proactivo en sus declaraciones fiscales y transparencia en sus transacciones. Evitar el uso excesivo de efectivo y estar al tanto de las obligaciones fiscales no solo ayuda a prevenir problemas legales, sino que también contribuye a la formalización de la economía mexicana. La responsabilidad y la previsión son clave para navegar adecuadamente por este panorama económico.