El Gobierno Mexicano impugnará la decisión que obliga a pagar 37 millones de dólares a Odyssey Marine Exploration
Las secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han declarado que México impugnará la decisión favorable a la empresa Odyssey Marine Exploration debido al incumplimiento de sus obligaciones bajo el antiguo TLCAN. Recientemente, la firma estadounidense informó haber recibido la notificación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) sobre el laudo arbitral respecto a las reclamaciones que abarcan a Odyssey y su filial, Exploraciones Oceánicas S. de RL de CV (ExO), contra México.
El laudo exige que el país realice un pago de 37.1 millones de dólares más intereses, calculados a la tasa de bonos del Tesoro de México a un año, compuestos anualmente, desde el 12 de octubre de 2018 hasta que se complete el pago, además de los honorarios de los árbitros y costos administrativos. En respuesta, el Gobierno de México ha manifestado su desacuerdo con el fallo dictado por un tribunal internacional bajo el CIADI. "Tras más de dos años desde que culminó el procedimiento, el pasado 17 de septiembre, la mayoría del tribunal emitió el laudo a favor de Odyssey Marine Exploration, que obliga a nuestro país a indemnizar con 37.1 millones de dólares por la negación del permiso para un proyecto de dragado marino en Baja California Sur. Esta cantidad representa alrededor del 1.18% del total originalmente solicitado en el arbitraje", explicaron los organismos mexicanos. Entre 2016 y 2018, la Semarnat rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, lo que llevó a Odyssey a iniciar un arbitraje internacional en virtud del TLCAN. El gobierno mexicano subrayó que entre los socios se encontraban figuras como Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira. Durante el proceso de arbitraje, México demostró que la empresa no tenía la experiencia necesaria para la extracción de arenas fosfáticas del fondo marino. "En su defensa, México argumentó que el proyecto amenazaba un área ecológicamente delicada que alberga especies como la tortuga caguama, ballenas azules y grises, y lobos marinos, entre otros. Además, presentó pruebas que revelaban la falta de experiencia de Odyssey en el sector minero, dado que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos. También se expuso que las técnicas de dragado que quería implementar no se habían probado en ningún lugar del mundo", señalaron. Las autoridades mencionaron que se otorgó un peso indebido a los testimonios de dos exfuncionarios de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, quienes fueron presentados como testigos por Odyssey y afirmaron que la negación de la MIA fue por motivos políticos y no científicos. Sin embargo, la defensa de México probó que ambos testigos tenían conflictos de interés debido a los pagos sustanciales que recibieron por testificar, lo cual no fue considerado por la mayoría del tribunal. Por tal motivo, la Secretaría de Economía iniciará un procedimiento de anulación del laudo ante las cortes competentes y el Gobierno de México explorará todos los recursos de defensa disponibles.
Es remarcable cómo las decisiones de tribunales internacionales pueden impactar la economía de un país, especialmente en situaciones donde se involucran temas ambientales. Es esencial que el Gobierno mexicano no solo impugne este fallo, sino que también fortalezca sus protocolos y estructuras de defensa para proteger sus intereses y recursos naturales en el futuro. Esto supone un proceso delicado, pero también una oportunidad para afinar su capacidad de respuesta frente a nuevos desafíos internacionales.