Impacto de la Designación de Cárteles en el Sector Financiero Mexicano

El gobierno de Donald Trump ha catalogado a seis cárteles de la droga en México como grupos terroristas. A pesar de que esto significa que las actividades en el sector financiero y en el mercado inmobiliario estarán bajo escrutinio, las autoridades mexicanas han decidido no modificar la regulación vigente. Carlos Valderrama, cofundador de Legal Paradox, explicó que "la manera más común en la que los cárteles lavan dinero es a través de instrumentos financieros y bienes raíces".

Valderrama también mencionó que, a pesar de que México ya tiene un marco legal sólido para prevenir el lavado de dinero (PLD) y el financiamiento al terrorismo, los bancos convencionales, las fintech y otras instituciones financieras deberán reforzar sus controles. "Este anuncio obligará a las entidades mexicanas, especialmente las financieras y aquellas que manejan actividades vulnerables, a mejorar sus procesos y manuales de prevención ante el lavado de dinero, puesto que esta designación añade una nueva capa de atención a las actividades en el país”, agregó. Un caso que podría ejemplificar lo que viene tras esta clasificación es que si la sucursal mexicana de una empresa estadounidense paga un rescate al crimen organizado, podría ser acusada de "financiar" el terrorismo, como indicó Steven Dudley, cofundador del centro de estudios Insight Crime, en una entrevista con la agencia AFP. Además, un informe del despacho DLA Piper advierte que la decisión del gobierno estadounidense dará pie a que las instituciones financieras deban cumplir con la normativa, bloqueando o congelando cualquier fondo vinculado con estos cárteles.

No se prevén cambios regulatorios

Sin embargo, la designación de los cárteles como grupos terroristas no parece inquietar a las autoridades financieras en México. Victoria Rodríguez, directora del Banco de México (Banxico), afirmó que no hay intención de realizar cambios en la regulación, dado que el sistema financiero es fuerte. "El país cuenta con un marco regulatorio sólido en relación al lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo", señaló Rodríguez durante la presentación del informe trimestral de Banxico. Aseguró también que México, al pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se adhiere a las normativas internacionales para prevenir estos delitos. "Ya existen mecanismos que permiten rastrear a individuos o empresas con actividades ilícitas, los cuales servirán para abordar este nuevo escenario", afirmó. Por parte de Banxico, no ven la necesidad de modificar las circulares que regulan los sistemas de pago. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) comentó que la designación de estos cárteles como grupos terroristas debe ser hecha oficialmente por autoridades como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Secretaría de Hacienda, para que puedan realizar ajustes en las pólizas. Tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como la Asociación de Bancos de México (ABM), fueron contactadas por Expansión, pero declinaron hacer comentarios. Tras la designación de los cárteles por parte de Estados Unidos, legisladores de Morena han señalado que esta decisión impactará a México. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores, opinó que esta acción es un pretexto de Trump para tener injerencia en el país. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, advirtió que tanto el país como las empresas “honestas, de buena fe” que comercian con México se verán afectadas por esta decisión estadounidense. Indicó que aunque la orden ejecutiva de Trump no parecería llevar a acciones extraterritoriales contra esos grupos, sí tendrá un impacto económico, financiero y bancario que perjudicará a muchas empresas legítimas que comercializan en México productos lícitos.

Comentario final: La relación entre la designación de estos cárteles como grupos terroristas y el sistema financiero mexicano resalta la importancia de tener políticas sólidas de prevención y vigilancia. Aunque la regulación financiera existente se considere robusta, la adaptación a nuevos contextos es crucial para salvaguardar el desarrollo económico del país y proteger a las empresas que operan de manera ética. Es fundamental que tanto las autoridades como las instituciones financieras trabajen en conjunto para asegurar un ambiente de negocios seguro y confiable.