Aumento de Multimillonarios en México: Un Análisis del Sexenio de AMLO
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el número de multimillonarios en el país se elevó de 10 a 22, según el reporte "Beneficios en fuga" de Oxfam México. Esta organización enfatiza que, en medio de un entorno incierto tanto política como económicamente, el modelo económico actual favorece la acumulación de riqueza en pocas manos, perpetuando un ciclo histórico de "despojo y extracción".
El informe plantea la necesidad de cuestionar el tipo de modelo económico que se desea para el bienestar de la mayoría y no únicamente para unos cuantos. Durante el periodo de López Obrador, 14 nuevos multimillonarios han surgido en el país, la mayoría de ellos como herederos o sucesores en vida de fortunas familiares. Ejemplos notables incluyen a Alejandro Baillères, quien heredó la fortuna de su padre fallecido, y varios sucesores de la dinastía Beckmann. Oxfam argumenta que la estructura económica mexicana se basa en un sistema que data desde antes de la Independencia y se sostiene mediante cuatro principios: Toman: Algunas familias o empresas se apoderan de los recursos públicos mediante manipulaciones o coacciones. Transan: Desarrollan mecanismos e instituciones para garantizar sus beneficios continuos. Agandallan: Excluyen a la mayoría de la población del acceso a las mismas ventajas. Y lo llaman mérito: Promueven la idea de que cualquiera puede alcanzar riqueza a través del esfuerzo, cuando en realidad trabajan para enriquecer solo a unos pocos.
El informe señala que esta lógica es más evidente en tres sectores: Banca y servicios financieros, donde México se encuentra entre los cinco países con mayores ganancias bancarias en relación a su economía. De 2019 a 2023, los principales bancos del país extrajeron casi la mitad de sus utilidades hacia el extranjero. Oxfam resalta que los ingresos de los bancos provienen en gran parte de comisiones e intereses, que son mucho más elevados que en otros países como Europa, Estados Unidos, Argentina o Brasil. Desde 2000, las comisiones bancarias se han duplicado, y durante el mandato de López Obrador, las ganancias netas de la banca alcanzaron un récord de 1.2 billones de pesos.
En cuanto a las concesiones del agua, aunque la Constitución garantiza el acceso al agua como un derecho humano, este recurso se ha convertido en un bien de mercado, lo que ha permitido su acaparamiento. Oxfam pone de ejemplo que, si se tomara como referencia el límite legal de uso diario, una persona viviría 18 millones de años para consumir la cantidad de agua que extraen anualmente las empresas agrícolas en Jalisco. Desde la reforma de 1992, el sistema de concesiones ha crecido de 2 mil a cerca de 530 mil para 2024, facilitando la privatización del agua.
En el ámbito del turismo y hotelería, la planificación de destinos ha propiciado que las playas se conviertan en espacios privados, generando empleos temporales y de baja remuneración, con importantes desigualdades en los salarios según el género. Oxfam sostiene que para mantener el turismo en su forma actual, se requiere el despojo de tierras y hogares de las poblaciones locales. A pesar de los discursos en pro de la austeridad y lucha contra la corrupción del actual gobierno, el reporte de Oxfam indica que la concentración de la riqueza se ha incrementado. "No puede haber prosperidad compartida sin justicia económica", concluye el documento, subrayando que el despojo puede ser tanto físico, como ha sucedido en Quintana Roo, así como una expulsión silenciosa por el aumento del costo de vida en áreas turísticas.
Finalmente, Oxfam propone un plan para el Estado Mexicano del siglo XXI que contemple la redistribución de la riqueza, el fortalecimiento de las instituciones públicas y un marco regulatorio que priorice el bienestar colectivo. Sin embargo, el reto sigue siendo desmantelar un modelo que ha beneficiado a una élite a expensas de la mayoría desde tiempos coloniales.
Es evidente que la economía mexicana enfrenta desafíos serios en el contexto actual. A largo plazo, es crucial implementar políticas que fomenten una distribución más equitativa de la riqueza y oportunidades, a fin de garantizar un desarrollo sostenible y con justicia social. Adoptar un enfoque centrado en el bienestar colectivo podría no solo mejorar la calidad de vida de muchos, sino también impulsar el crecimiento económico en otras áreas productivas.
