Plan México; inversiones optimistas, pero falta asegurar la confianza

Un ajuste en las metas de inversión del Plan México, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo ha dejado en un rumbo más realista y alcanzable. Sin embargo, expertos señalan que aún queda una pregunta esencial por resolver: ¿cómo se garantizará la certeza jurídica para los inversionistas? Un primer borrador circulado antes del lanzamiento oficial del plan proponía un objetivo de 100,000 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) para 2030, una meta que varios consideraron como una quimera. En cambio, se decidió dar prioridad a un incremento sostenido en la proporción de inversión respecto al PIB: superar el 25% para 2026 y alcanzar el 28% hacia 2030.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, enfatizó que la presidenta examino minuciosamente las cifras y ajustó gran parte de las metas. “Nos planteó preguntas sobre aspectos que a veces ni nosotros teníamos presentes”, aceptó.

De la confianza al crecimiento El objetivo de que la inversión supere el 25% del PIB para 2026 se interpreta como un mensaje de confianza en un contexto marcado por la Reforma Judicial y la eliminación de organismos autónomos, comenta Adriana García, coordinadora de análisis económico en México, ¿cómo vamos? De acuerdo con datos del Inegi, en el tercer trimestre de 2024, la inversión alcanzó el 24.3% del PIB, a precios corrientes, acercándose así al objetivo para 2026. En el cuarto trimestre de 2011, la inversión llegó a un máximo del 26%, lo que sugiere que alcanzar el 28% para 2030 sería ambicioso, pero no inalcanzable. Para García, basar las metas en la inversión como porcentaje del PIB es más pragmático que aspirar a cifras desorbitadas de IED. “Este enfoque se centra en mejorar la infraestructura, adoptar tecnología y transformar la economía, en vez de depender únicamente de altos montos de inversión extranjera”, añade. Medidas como el Plan México o iniciativas relacionadas con política industrial deben enfocarse en variables cruciales para atraer inversión, sin importar la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Ana Gutiérrez, coordinadora de comercio exterior y mercado laboral del IMCO, menciona que, aunque Estados Unidos es el principal inversionista en México, con más del 40% de la IED, también hay inversiones significativas de España, otros países de la Unión Europea y Japón. “Es fundamental observar la relación de México con sus socios comerciales, especialmente con los del T-MEC, pero sin olvidar el tema de infraestructura y la estructura económica nacional, donde hay mucho por hacer para ser más atractivos para las inversiones tanto extranjeras como locales”.

¿Y la certeza jurídica? A pesar de que el Plan México brinda una dirección clara, los especialistas advierten que no resuelve cómo se va a garantizar la certeza jurídica que los inversionistas privados, quienes aportan la mayor parte de la inversión total, requieren. Esto no solo implica el respeto a los contratos, sino también la seguridad pública, el acceso a energía e insumos necesarios para las operaciones. La participación del sector privado se vuelve esencial para alcanzar las metas planteadas, ya que los recursos públicos son limitados y deben canalizarse hacia prioridades como salud, educación y seguridad. Las inversiones estratégicas del Plan México conllevan altos riesgos, pero también un potencial de rentabilidad que solo se puede concretar con la confianza y colaboración del sector privado. Ambas expertas coinciden en que la certidumbre jurídica es crucial y que no necesariamente se resolverá solo con los ejes del Plan México. Esto también depende de las señales que el gobierno mexicano envía y de los cambios en el Poder Judicial y la eliminación de organismos autónomos. Dentro de los aspectos positivos que comenta la experta del IMCO, se encuentra el impulso de contenido regional, no solo para ciertos sectores, sino también en las exportaciones, un asunto que ha estado estancado en las últimas décadas en México. “Creo que estos elementos podrían verse como favorables. Pero, sin duda, el éxito depende de la implementación de las acciones y del nivel de inversiones en infraestructura y en sectores estratégicos que sean productivas”, concluye Gutiérrez.

En conclusión, el desafío crítico que enfrenta el Plan México es la construcción de un marco regulatorio que brinde la confianza necesaria a los inversionistas. Sin este elemento esencial, por más ambiciosas que sean las metas de crecimiento, el potencial de inversión podría verse afectado. La colaboración entre el sector público y privado es fundamental para transformar estas metas en realidades sostenibles, y el tiempo será un factor clave para medir su éxito.